CÓMO SE LEGISLABA EN LA IV
Introducción
Muerte, dolor y sangre. Sangre, dolor y muerte. Heridas en la memoria de los venezolanos que padecieron las escenas de la masacre que el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) no pudo silenciar.
La bomba de tiempo con marca neoliberal inoculada por el anterior presidente, Jaime Lusinchi (1984-1989), explotó en la cancha de Carlos Andrés, quien permitió que la policía asesinara a diestra y siniestra para reprimir a quemarropa la rebelión popular.
Por los diarios de la época circulaban titulares alusivos a la tensa situación que atravesaban los venezolanos en 1989, cuando se desinflaban sus bolsillos ante una inflación en bebidas y alimentos del 102, 9 %, por ejemplo.
En 1986, frente a las duras pruebas económicas, la administración de Lusinchi adoptó un plan para refinanciar la deuda e impedir la fuga de capitales.
Sin embargo, la caída de los precios del petróleo pronto demostró la ineficacia de esas propuestas y el agotamiento estructural de un modelo que disparó a niveles exponenciales la inflación y la deuda externa, mientras hizo descender hasta el subsuelo las reservas internacionales en divisas.
El paquetazo de medidas adoptadas a principios de febrero de 1989 por Carlos Andrés Pérez supuso, entre otros perjuicios para el pueblo, el incremento en un 100% del precio de la gasolina y el alza de las tarifas de los servicios de luz, agua y teléfono.
Para el 80% de venezolanos excluidos, a la altura del 27 de febrero de 1989 no había otra opción que rebelarse. El llamado Caracazo culminó a principios de marzo con un saldo de miles de muertos, aunque las cifras oficiales indicaran menos de 300.
En el Congreso de la época se debatía sobre la pertinencia o no de suspender las garantías constitucionales, mientras las fuerzas policías allanaban casas con total impunidad.
Adiós a las Garantías Constitucionales
El 28 de febrero se publicaba en Gaceta Oficial el Decreto 49, que suspendía en toda Venezuela las garantías establecidas en los ordinales 1, 2, 6 y 10 del artículo 60 y en los artículos 62, 64, 66, 71 y 115 de la Constitución.
Tal documento fue firmado por Carlos Andrés Pérez, refrendado por su Consejo de Ministros y legitimado también por el Congreso de la época. Frente a los ojos de la Historia, se pretendía cubrir con un velo de legalidad la masacre y el caos, tal como advirtieron algunos congresistas:
“Mientras estuvo la suspensión de las Garantías en estos diez días, fueron muchos los venezolanos -hasta niños, ancianos, trabajadores- que fueron fusilados por el solo hecho de no acatar una orden a alguno de los cuerpos policiales en la calle” (…) Pero la Constitución no dice que los derechos de suspensión de Garantías les dan la facultad a algún soldado, policía o Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) para que les disparen una ráfaga a un estudiante que se negó a detenerse cuando le dijeron que se detuviera.” (Diputado Orlando Fernández, MAS).
“Queremos y exigimos de igual manera al Gobierno Nacional el respeto por la vida. Ninguna circunstancia, por emergente que ella sea puede privarnos de ese derecho al respeto de la vida. Si bien es cierto que existe la emergencia, esta puede ser conducida de manera racional para que la emergencia no se convierta en más violencia”. (Diputado Moisés Moleiro, MIR).
“No puedo y me niego a pensar que en este Congreso de gente que se da golpes de pecho de democráticos, que por el hecho de que están suspendidas las Garantías, se puede avalar el derecho a que el Gobierno asesine y torture como lo hicieron en estos diez días de suspensión de Garantías (…) La bancada del Gobierno (Acción Democrática) es escuálida, insuficiente y ni siquiera convincente para hacer saber al Congreso las razones del porqué se debe mantener la suspensión de las Garantías. (Diputado Orlando Fernández, MAS).
AD Y COPEI:
“El pacto de punto muerto”
El Partido de Acción Democrática, que representaba al gobierno de Carlos Andrés Pérez en el Parlamento, tuvo el respaldo de COPEI en la propuesta de suspender las garantías constitucionales. Los principales actores del Pacto de Punto Muerto, en tiempos de crisis, se articulaban como la maquinaria de un reloj:
“COPEI cumple con su deber patriótico de que el país sienta que los partidos bases del sistema asumen la responsabilidad de garantizarles esa paz y esa seguridad. Esta emergencia nos obliga a asumir la responsabilidad de darle al país la legislación que mantenga claro, evidente, las formas y las maneras como nuestro estado de derecho debe funcionar en estado de emergencia o de suspensión de Garantías”. (Senador Hiliarón Cardozo, COPEI).
Verdad al desnudo
Carlos Andrés Pérez
La verdad fue puesta al desnudo por algunas voces a lo interno del Congreso, mientras la administración de Carlos Andrés Pérez intentaba tapar los crímenes con un dedo.
“El Partido Comunista ha rechazado el bandolerismo que se ha entronizado en las altas esferas del Gobierno; el bandolerismo que permitió pagarle a la banca acreedora más de 75 mil millones dólares en menos de diez años; el bandolerismo que institucionalizó el despilfarro y la corrupción. Llamo al Congreso de la República a visitar los centros de reclusión de gente detenida después del 27 y 28 de febrero…” (Diputado Trino Meleán, Partido Comunista).
“En mi estado (Lara) no ocurre nada que no sea el rechazo del pueblo a las medidas económicas, que no sea el hambre que crearán las medidas económicas en los sectores populares, que no sea esa represión que se ejerció por parte del Gobierno violando normas y derechos constitucionales durante el tiempo de suspensión de las Garantías (…) Niños, ancianos, mujeres en sus propios apartamentos, en las puertas de sus casas, fueron asesinados no por las balas de los pillos ni de los que asaltaron los comercios ni de las turbas; murieron de las balas de los cuerpos represivos del Estado, abusando de que las Garantías Constitucionales estaban suspendidas.” (Diputado Orlando Fernández, MAS).
“…El lunes 27 de febrero en el Hospital Municipal “Doctor Ricardo Baquero González hubo 207 ingresados, de los cuales 90 eran heridos de bala. El martes 28, después de la suspensión de las Garantías, los ingresados fueron 307, de los cuales 252 eran heridos de bala. Un total de ingresos en los siguientes días en este hospital de 879 personas heridas y 583 de ellas heridas de bala, 40 de esos ingresos fueron cadáveres, 7 de ellos no identificados.” (Diputado Andrés Velasquez, Causa R).
“La revista “News Week” habla de más de 300 muertos y una cifra superior a los 1 500 heridos de los cuales el Gobierno ha dicho que sólo hay dos oficiales del Ejército y un policía muertos y 40 heridos dentro de las filas de los funcionarios, con lo cual todos nos preguntamos: ¿ese volumen de muertos dentro de la población civil es demostrativo de la proporción que nos han querido hacer ver de francotiradores en las calles?” (Gastón Guisantes, Partido Opinión Nacional, OPINA).
“Era necesario que en ese entonces Venezuela se sintiera protegida y liderizada “por los políticos que supuestamente representan la democracia, y es por ello que he felicitado a COPEI y mantengo mi posición de que se suspendan las Garantías hasta tanto Venezuela no se sienta segura de que tiene el rumbo de la democracia en sus manos otra vez.” (Diputada Rhona Ottolina, Movimiento de Integridad Nacional).
30 años de democracia, ¿y qué?
Supuestamente, durante tres décadas copeyanos y adecos habían inyectado democracia, pero así sólo lograron ensanchar el abismo entre ricos y pobres con recetas neoliberales que llevaron al estallido popular.
“Un pueblo burlado, engañado, condenado a treinta años, que ha oído promesas de todo tipo que le han sido incumplidas, se lanzó desesperado al saqueo, a las protestas, a dejar constancia -ya que nadie oía- de que quería hacerse escuchar. En estos 30 años (y eso lo admiten los parlamentarios tanto de COPEI como de AD), no han hecho otra cosa que ensanchar el abismo entre los ricos y los pobres.” (Orlando Fernández, MAS).
“Lo sucedido en Venezuela a partir del 27 de febrero fue muy grave, cien horas que transformaron muchos sueños (…) porque salvando la profundidad de los historiadores, yo me atrevería a asegurar que no ha ocurrido nunca en nuestra historia, ni siquiera en la Guerra Federal, ha podido percibirse tanto odio desbordado, tantas pasiones manifestadas en tan breve tiempo. La Guerra Federal tenía tras sí treinta años de guerra de independencia más treinta años de anarquía, mientras aquí están represados los sentimientos de treinta años de democracia, como bien ha sido dicho por muchos parlamentarios que han intervenido en las dos Cámaras, llena de engaños y de frustraciones.“ (Senador José Marsicoberte, Nueva Generación Democrática).
“El Caracazo es consecuencia de la dolencia económica y social “que el fracaso de los dos gobiernos que han conducido la gestión en Venezuela en los últimos 30 años ha originado. Han gobernado mal, han administrado mal y para buscarle remedio a la causa que ha originado esos males se está promoviendo en Venezuela un movimiento”, (Diputado Álvaro Silva Calderón, Movimiento Electoral del Pueblo).
Telón
Aquel 10 de marzo de 1989, después de tantos criterios en pugna, el Secretario del Congreso leyó la proposición del adeco Carlos Canache Mata sobre la suspensión de las Garantías Constitucionales. El presidente del Parlamento preguntó: “los señores parlamentarios que estén de acuerdo con la proposición del diputado Carlos Canache Mata se servirán de indicarlo con la señal de costumbre”…
(Pausa)
Aprobada por amplia mayoría…Así alzó la mano a favor de la impunidad el mayor por ciento de quienes legislaban en la IV.
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