domingo, 11 de julio de 2010

Libertad de Expresión Imaginada

CÓMO SE LEGISLABA EN LA IV


3.JUL.2010

Introducción

Marta Colomina

En 1997 el diario El Universal publicó el artículo “Patologías de la libertad de expresión” escrito por Marta Colomina. La propia periodista expone algunas claves que nos hacen ver cómo era aquella libertad imaginada en el penúltimo año de la IV República (1958-1998).

“…Ahora se habla más de la libertad de prensa que de derecho a la información. En esas circunstancias dos nuevos poderes aunque desiguales han emergido en desmedro de la libertad de expresión: el de los propietarios de los medios y los profesionales del periodismo”, reconocía Colomina.

A continuación recalcaba: “a través del dominio de procesos técnicos y de selección informativa los periodistas hemos devenido en un gremio cerrado en el que nos protegemos apelando como lo hacen los empresarios, al mismo discurso clásico sobre libertad de expresión.”

En su opinión “comúnmente, bajo el disfraz de la atención a las necesidades del perceptor, camuflamos nuestros intereses (…) más que la libertad de expresión que exige participación ciudadana algunos medios y periodistas se inclinan sólo por los temas y enfoques que les resultan rentables.

Tales puntos de vista nos dan pie para acercarnos a las voces de aquel Congreso donde se debatía sobre libertad de prensa, previo a aprobar la Ley de Ejercicio del Periodismo de 1995.

Recordaremos dos sucesos convertidos en espectáculo televisivo. En junio de1995 un enfrentamiento entre efectivos policiales y tres delincuentes dejó un saldo muertos y dos heridos luego de un prolongado secuestro perpetrado en el Urológico de San Román.

El hecho, incluido el acto fallido de rescate, fue ampliamente televisado, hasta la muerte del jefe de la Brigada de Acciones Especiales de la Policía Técnica Judicial, Sotero Pérez.

Rafael Caldera

Sobre este caso, Jorge Olavarría, escribía el 4 de julio de ese año: “El efecto San Román, muy bien definido por Pablo Antillano como el shock cultural, puso en evidencia la incompetente descoordinación que el país ha venido observando en el gobierno de (Rafael) Caldera”.

Otro acontecimiento es el de tres delincuentes que en abril de 1996 entran en Terraza del Ávila al apartamento donde vivían María Alejandra Monagas y Lorena Meléndez, ambas secuestradas por varias horas. La Policía Técnica Judicial, en una acción televisada, emprende el rescate. Estalla una balacera y María Alejandra muere en el hecho.

En este caso, el show mediático fue tan grande que desde el programa “En Exclusiva” transmitido por la televisora Venevisión con Ledda Santodomingo, la periodista conversa largamente en dos oportunidades “al aire” con el secuestrador “Hornacito”, quien en un acto de egocentrismo exigía que le acompañara una cámara de televisión.

Luego en la sesión del Concejo Municipal de Caracas, conmemorativa del 19 de abril, el ministro de Relaciones Interiores, José Guillermo Anduela, dijo que hubo grave interferencia de los medios audiovisuales en la actuación policial en la tragedia del Terrazas del Ávila.

“Esto de que cuando estaban bajando los comandos policiales y se estaba transmitiendo por la televisión, no sé si el delincuente lo vio o no, pero evidentemente si sucedió lo primero fue un alerta para él”.

Marta Colomina en su columna de opinión Entrada manifestó al respecto:

“… A partir de excesos como los comedidos por los medios de comunicación (MC), particularmente por la TV -durante el trágico hecho de Terrazas del Ávila, creo firmemente que en Venezuela debe iniciarse un serio debate sobre la necesidad de definir la responsabilidad de los medios (…) Mientras los mass media formulan críticas a las instituciones sociales, estas no cuentan con los mecanismos que les permiten someter al debate los abusos de los MC”.

A su juicio “la cobertura hecha por los medios de comunicación social el 16 de abril de los sucesos de Terrazas de El Ávila fue digna de comparación con los reality shows como “Cristina”, “Geraldo” y “Ocurrió Así”, donde se confundió la diferencia entre información y extralimitación”.

Colomina en su ponencia “Los pecados capitales del periodista” llegó a argumentar que “los canales de TV están abusando de su poder como recurso público para transmitir información.

Luces Rojas en el Tablero Democrático

En la IV República el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Acción Democrática (AD) jugaban a pasarse el balón del gobierno, dejando al campo a los demás partidos. Por tanto, desempeñaban el rol de batear en la posición o el bando opuesto, según la marca política del presidente de turno.

Como en 1994 el mandatario era el adeco Rafael Caldera, en el Congreso los de COPEI sacaban al sol las manchas de su gestión. Al respecto se hacían comentarios como este:

“…La fracción parlamentaria de COPEI observa que empiezan a encenderse luces rojas en el tablero. Y para quienes tenemos una responsabilidad con el país, desde el punto de vista del Congreso, como es la de vigilar, controlar y legislar, esas luces rojas que empiezan a encenderse en el tablero (…) no pueden pasar inadvertidas. Comenzando el período constitucional el Gobierno decidió, unilateralmente, sin que mediara diálogo con el Congreso de la República, frustrar la posibilidad que el Parlamento tenía de comunicarse directamente y en toda su pluralidad con el país, a través de la Fundación Televisora Nacional, Canal 5, constituida en el período anterior. Se dijo que era debido a dificultades presupuestarias, explicación a posteriori, por supuesto; especie de autopsia a solicitud de parte de la decisión oficial. El Gobierno, por su lado, no había dado ninguna explicación previa; simplemente tomó la decisión…” (Diputado Ramón Guillermo Aveledo, COPEI).

“Ahora, también objetivamente ocurre que en medios de comunicación que están en manos del Estado, en razón de las medidas tomadas por la crisis financiera, hay una denuncia concreta y objetiva de venezolanos de carne y hueso, con nombres, apellidos y cédula de identidad, que dice: “A mí me están presionando.” “A mí me han impedido ejercer el periodismo como venía ejerciéndolo.” “A mí me están dando pautas en materia de lo que debo decir y lo que no debo decir.” (…) ¿Qué habríamos dicho en esta Cámara si el año 93, el 92 o el 91, periodistas de YVKE Mundial hubieran denunciado esto? ¿Qué hubiéramos dicho? Lo que pido es que digamos hoy lo mismo que dijimos entonces. Esto no puede ser indiferente para nosotros. ¡Otro bombillo rojo encendido! Esta vez de un rojo mucho más intenso.” (Diputado Ramón Guillermo Aveledo, COPEI).

“Cuando escuchaba al diputado Ramón Guillermo Aveledo me vino a la memoria la gran poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou y sus versos trascendentes: “¡Estáte atento a las palabras que te dice el viento!” Hoy el colega Ramón Guillermo Aveledo inicia en esta Cámara lo que son los dictados y la consigna genérica de su partido COPEI: oposición a fondo al Gobierno reconstructor, patriótico y nacionalista de Rafael Caldera”. (Diputado independiente Cruz Ramón Galíndez).

“La intervención del diputado Ramón Guillermo Aveledo, sus luces rojas, sus alarmas, están llenas de suspicacias, de prejuicios y con una intencionalidad directa hacia el presidente de la República que no se atrevió a mencionar en su exposición (…) Pienso también que el diputado Ramón Guillermo Aveledo tuvo un vacío mental cuando habló de la posición lineal de COPEI, desde 1947, oponiéndose a la suspensión de las garantías constitucionales; simplemente le recuerdo al diputado Ramón Guillermo Aveledo los quinquenios de los presidentes Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.” (Diputado Manuel Isidro Molina, MAS).

“Lo que hace Ramón Guillermo Aveledo es lo mismo que ha hecho Acción Democrática cuando ha estado en la oposición y lo que han hecho muchas de las personas del actual Gobierno cuando se han opuesto a los mandatarios de turno. Es un lugar común que hay que tener como tal y que hay que darle importancia porque inhibe esa vocación o esa inclinación totalitaria que puedan tener los gobiernos. Estoy de acuerdo con eso. (Diputado Leonardo Montiel Ortega, Movimiento Renovación Nacional).

Libertad siempre amenazada

A la conclusión que llegaban varios de los parlamentarios en 1994 era que la libertad de expresión había sido amenazada siempre en Venezuela durante los gobiernos denominados “democráticos” de la IV República (1958-1998).

“Les debo decir que la libertad de expresión siempre ha estado amenazada en este país (…) Esa amenaza, no sé si se ha planteado aquí en la Cámara, viene también y es permanente, no es amenaza, es que es así, de los dueños de los periódicos, de los dueños de las televisoras y emisoras de este país”. (Diputado independiente Cruz Ramón Galíndez).

“Si vamos a hacer un debate en torno a la libertad de expresión en Venezuela y las amenazas que existen en torno a ella, tenemos necesariamente que pasearnos por la historia democrática del país (…) Si en Venezuela ha existido libertad de expresión ha sido para favorecer los intereses del gobierno de turno o de los dueños de medios que querían usarlos a su conveniencia. (Diputado Alexis Rosas, Patria Para Todos).

“Ahora bien, amenazas y agresiones a la libertad de expresión, a los medios y a los periodistas los hemos presenciado y vivido en distintas circunstancias durante toda esta etapa democrática. Se me ocurre, por ejemplo, citar el caso -entre tantos otros- de la suspensión del programa radial mañanero del difunto locutor y periodista Renny Ottolina, suspendido en época del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, por las críticas que en ese programa se hacían a la política del gobierno…” (Diputado Ramón Tenorio Sifontes, Unión Republicana Democrática).

“Sin embargo, donde más se acentuaron los ataques a la libertad de expresión fue en los gobiernos de Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez. Es conocido que en el gobierno del ex presidente Jaime Lusinchi, cualquier periódico que publicara una información acerca de la relación que él sostenía con Blanca Ibáñez era objeto, no de censura, en algunas ocasiones se llegó a hablar de atentados directos contra los diarios El Vigilante de Mérida y Región de Cumaná.”(Diputado Alexis Rosas, Patria Para Todos).

Estamos de acuerdo con la prohibición de los monopolios; además, la propia Constitución, en su Artículo 97, los prohíbe. Hay una Ley Antimonopolios vigente que debe ser aplicada y también está en la Cámara de Diputados desde el año 1991, y la Comisión Permanente de Medios de Comunicación Social puede hacer uso de ella, incluso tratar de que se reinicie la discusión de ese Proyecto de Ley…”(Diputado Ramón Tenorio Sifontes, Unión Republicana Democrática).

“Darse golpes de pecho en este momento no contribuye a que resolvamos el problema de la libertad de expresión. Sí hay una amenaza contra la libertad de expresión que se ve en las declaraciones de Clemente Marín Díaz y Carlos Lezama, Jefe de Información y Coordinador de YVKE Mundial, respectivamente, quienes debieron renunciar en vista de la presión ejercida contra ellos para que no aceptaran las críticas y quejas del público ante esa emisora. (Diputado Alexis Rosas, Patria Para Todos).

“…Me preocupa que en una democracia se juegue a la libertad de expresión y se atente continuamente contra la misma (…) El atentado a la libertad de expresión no es nada más del Gobierno. Es de los diferentes gobiernos, de las diferentes gobernaciones y el Congreso de la República tiene que investigar a fondo esto (…) “Siempre ha habido atentados contra la libertad de expresión. Quien diga que este es un país que tiene libertad de expresión es porque no ha vivido aquí. Yo que he sufrido en carne propia ya que fui despedido de casi todos los medios donde trabajé -muchas veces por órdenes del Gobierno- puedo decir que no hay libertad de expresión y que no la ha habido. El que me cuente otra historia es porque esa historia está censurada. (Diputado Alexis Rosas, Patria Para Todos).

Reconocimiento Copeyano

Ramón Guillermo Aveledo

Por la forma en que el copeyano Ramón Guillermo Aveledo enfocó el tema de la libertad de expresión durante el segundo mandato del presidente Caldera, el diputado Julio Elías Mayaudón en su intervención expresó que se trataba del reconcomio que albergaba COPEI a causa de que el mandatario había dejado de ser de ese partido para pasar a Acción Democrática.

“Señor Presidente, revisando esa nota no encontramos ninguna ley que se llame “ley contra el reconcomio de COPEI”. Sinceramente, este debate pudiéramos llamarlo el “debate del reconcomio”. Necesariamente tenemos que cambiar; pero no queremos hacerlo. Seguimos en lo mismo. Ya vamos para dos semanas de sesiones y no hemos discutido ningún tema de importancia que amerite las sesiones extraordinarias…” (Diputado Julio Elías Mayaudón, Convergencia Nacional).

“Cómo no van a estar reconcomiados nuestros amigos los copeyanos si, unos meses antes de las elecciones presidenciales, todas las encuestas daban como ganador al partido COPEI, con un 60, con un 50 por ciento. Un partido COPEI completo, con su ser, con su esencia, que precisamente es el actual Presidente, lo daban como ganador. Era seguro que en esa bancada socialcristiana Ramón Guillermo Aveledo estaría dirigiendo a ciento y tantos Diputados. Estaría contentísimo. ¿Cómo no han de estar reconcomiados si muchas de estas figuras que están en la bancada copeyana serían hoy ministros, embajadores?”. (Diputado Julio Elías Mayaudón, Convergencia Nacional).

“Por ejemplo, ¿quién le quitaría al colega José Rodríguez Iturbe la Cancillería? A lo mejor el mismo Ramón Guillermo Aveledo estaría serruchándole ese cargo en estos momentos. Es lógico que tengan reconcomio. Pero ¿un reconcomio tan fuerte? Un reconcomio madre que no termina, porque los hombres cuando nos reconcomiamos tenemos un límite. A lo mejor el reconcomio es por odio o por amor, pero tiene un fin. Pero es que en COPEI no hay fin para ese reconcomio. Desde un principio anunciaron la oposición al Gobierno, sin que el Gobierno hubiese ejercido la primera acción. (Diputado Julio Elías Mayaudón, Convergencia Nacional).

“Este es un debate familiar. Un debate del reconcomio. Más bien quisiera que el resto de la oposición se quedara tranquila y nos oyera, porque le recuerdo a mi pariente, el diputado Luis Carlos Serra Carmona, aquel dicho: “El que tenga rabo de paja no se acerque a la candela”. Mire que en materia de libertad de expresión ese ministerio o ese gobierno que usted representó tiene un muy largo rabo de paja. Lo mejor es mantenerse alejado y no meterse en este pleito que está resultando un pleito entre familias reconcomiadas”. (Diputado Julio Elías Mayaudón, Convergencia Nacional).

“…Lo que es malo para COPEI es bueno para el pueblo. Lo que es bueno para COPEI es malo para el pueblo. Esto nos lo están enseñando y nos lo vienen repitiendo. Vamos a radiarle en esas 47 emisoras, que ellos quieren, un gobierno neoliberal. Vamos a radiarle ese famoso discurso donde sustituían sociedad por mercado. ¡Quieren que nos arrodillemos ante el Fondo Monetario Internacional! Vamos a decirlo. ¿COPEI quiere esto? Vamos a publicárselo. Vamos a decirles que COPEI quiere privatizar hasta la Plaza Bolívar…” (Diputado Julio Elías Mayaudón, Convergencia Nacional).

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Tríptico

Ley del Trabajo…Contra los Trabajadores (1997)







CÓMO LEGISLABAN A VENEZUELA LA IV REPUBLICA



Introducción

En 1997, un duro golpe se asestó a los trabajadores venezolanos. Un Acuerdo Tripartito sobre Seguridad Social Integral y Política Salarial (ATSSI), firmado entre el gobierno, los patronos y los sindicatos, introducía cambios tan profundos en la legislación laboral vigente, que era preciso otorgarle carácter de Ley a través de la Reforma de la Ley del Trabajo [1], sancionada en 1990.

María del Rosario Bernardoni de Govea, entonces ministra del ramo, pretendía vender el acuerdo y la reforma que lo contenía argumentando su presunta contribución a modernizar el sistema de seguridad social y las relaciones de trabajo, la reactivación de la economía y la generación de empleos. Según Bernardoni de Govea, la reforma a la ley conservaba las prestaciones sociales y otorgaba a los trabajadores mayor seguridad salarial y laboral.

Rafael Caldera y Teodoro Petkoff

Pero ni la ministra ni otros funcionarios del gobierno decían la verdad. Personajes como Teodoro Petkoff, entonces ministro de Estado de la administración de Rafael Caldera, apoyaban una reforma de ley mucho menos “revolucionaria” que lo que se decía públicamente. En realidad, la nueva redacción echaba por tierra las conquistas sindicales alcanzadas por los obreros tras varios años de lucha, sin mencionar que violaba la Constitución y la propia Ley Orgánica de 1990 [2].

Como se podrá suponer, los efectos de la Reforma discutida a toda prisa y publicada en la Gaceta Oficial en octubre del propio año no se hicieron esperar. Contrario a lo que aseguraba Petkoff, el impacto más inmediato fue el despido de 50 mil trabajadores, sin que se verificara la tan cacareada reactivación de la economía. Tampoco se trabajó inmediatamente en una Ley de Seguridad Social que amparara a los trabajadores.

Veamos algunas opiniones de diputados y senadores de aquel Congreso respecto a este tema.

A favor y en contra de la Reforma







Los defensores de la reforma echaban mano a los argumentos más falaces para apoyar el engendro.

“En la fracción parlamentaria de Acción Democrática estamos convencidos de que la reforma laboral es necesaria y urgente para el desarrollo económico del país, y que las diferencias políticas que pueden ser expresadas en el seno de la Comisión o de la Cámara, no pueden ser más profundas que las que definen los campos de acción de los actores de la Comisión Tripartita”. (Diputado Arístides Hospedales, AD [3], 29.04.97).

“…Se ha dicho que el trabajador con el nuevo sistema pierde su antigüedad, nada más incierto que esa afirmación. No la pierde, sólo que a partir de la entrada en vigencia la reforma de la Ley, se le calculará la antigüedad de otra manera, pero la que venía siendo causada por su incorporación al mercado laboral y en su puesto de trabajo, no la pierde y le es pagada por un sistema que está propuesto.” (Diputado Gonzalo González, 29.4.97).

Este Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo es perfectible, pensamos que va a mejorar la situación económica de los trabajadores, que sí va a llenar sus aspiraciones. Este proyecto sí va a generar la confianza necesaria en el país, sí le va a dar los aumentos salariales a los trabajadores, sí va a mejorar el sistema de prestaciones sociales, el poder adquisitivo y el salario real. Y que este proyecto, sí les va a mejorar el sistema de vida al pueblo venezolano.” (Diputado Miguel Ángel Sánchez [4], AD, 29.4.97).

Pero otros sabían que semejante modificación suponía una regresión en las conquistas laborales alcanzadas por la clase obrera tras varias décadas de luchas sindicales, algunas de las cuales figuraban en la Constitución de la República…

“… [La reforma] constituye un agravio a los trabajadores venezolanos porque afecta el patrimonio que por vía laboral tiene la familia venezolana y, por supuesto, significa una involución jurídica, constitucional y de derecho social de la legislación laboral venezolana.” (Diputado Manuel Isidro Molina, Independientes por Venezuela, 10.6.97).

“Mientras tomaba algunas notas para mi intervención –que no pensaba hacer–, recordaba casualmente un debate anterior. El debate sobre la apertura petrolera. Recordaba que decía al final de esa intervención que estábamos en presencia de una torcedura del destino de este país. Creo que hoy estamos nuevamente en presencia de una torcedura de destino similar al que se produjo con la apertura petrolera.” (Diputada Lelys Páez, Causa R, 29.4.97).

“Es importante que todos y cada uno de los parlamentarios que hoy van a alzar sus manos… tomen en cuenta que pudiéramos estar en presencia de una violación a la Constitución de la República, y por esta razón queremos adelantar que la fracción parlamentaria de La Causa R va a acudir ante la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta a este artículo y a otros artículos que evidentemente constituyen violaciones a derechos adquiridos por los trabajadores venezolanos.” (Diputado Vladimir Villegas[5], Causa R, 21.5.97).

“Esta sesión de la Cámara para los trabajadores venezolanos es un funeral de Estado.”(Diputado Ramón Tenorio Sifontes, Unidad Republicana Democrática, 21.5.97).

Una Ley que favorece a los empresarios

“Pregunto ¿qué ganan los trabajadores con este Proyecto de Ley? Si lo que observo es que pierden el recálculo de sus prestaciones sociales; observo que pierden el pago doble de sus prestaciones sociales; observo que se limita y cuestiona la contratación colectiva a través de una figura del arbitraje que es inconstitucional porque este no puede ser una decisión unilateral sino colectiva de los entes en conflicto. Observo que hay una acción solapada en contra del movimiento sindical organizado…” (Diputado Atilio Hernández, Causa R, 29.4.97).

“Creo que la CTV aquí “hizo como Chacumbele”. Se mataron ellos mismos con este artículo. El artículo 125 significa mayor rotación de personal. Va a traer como consecuencia mayores despidos en el país; se va a imponer la relación individual de trabajo; va a atentarse contra la estabilidad laboral y, por supuesto, desaparecerán los contratos colectivos de trabajo, y como consecuencia, la disminución de los sindicalizados en el país. Se está cambiando, en el caso de que el trabajador tenga 20 años, 20 meses; o 40 meses, 1.200 días; por 150 días. El gran negocio para el sector empresarial.” (Diputado Alfredo Ramos Acosta [6], Causa R, 21.5.97).

“Lo que no se ha dicho aquí, es ¿cuánto dinero de las prestaciones por vía de los fondos de administración de pensiones, van a ir a parar al sistema financiero? Esa es la gran pregunta para los que hoy con las dos manos respaldan este nuevo régimen; en esos 5 años ¿cuánto dinero de los trabajadores venezolanos va a parar al Sistema de Ahorro y Préstamo y a la banca nacional?” (Diputado Carlos Melo [7], Causa R, 29.4.97).

Acuerdo Tripartito: ¿Ejemplo de concentración social o de cogollocracia?

A pesar de que, en teoría, el acuerdo tripartito había sido sometido a determinadas consultas entre los trabajadores, en la práctica las cúpulas de la CTV claudicaron frente a los intereses empresariales y allanaron el camino para que el gobierno pudiera imponer sus recetas neoliberales. Así lo reconocían varios críticos de la Ley:

La participación de la CTV en el Acuerdo Tripartito no significó la representación de la clase obrera nacional sino

“¿Acaso no se sabe que sólo el 14% de los trabajadores de la población económicamente activa está sindicalizada? ¿Las confederaciones son auténticamente representativas del sector trabajador venezolano? Tengo la impresión que no. Fedecámaras fue en algún momento representativo. Tal vez sí, pero ¿hoy representa a los pequeños industriales, comerciantes y artesanos? La respuesta es no.” (Diputado Freddy Gutiérrez, Causa R, 29.4.97).

“…Es un acuerdo con aliento viejo, con aliento puntofijista, con aliento de la estructura que ha envejecido al país a través de las centrales obreras tan criticadas, del Gobierno tan puesto en duda y de los sectores empresariales que se han ensañado en contra de los trabajadores y de la población venezolana, en general.” (Diputado Manuel Isidro Molina, Independientes por Venezuela, 29.4.97).

“…Fue un acuerdo cupular; un acuerdo antidemocrático, donde los involucrados, los afectados, que son los trabajadores, en ningún momento fueron consultados”.(Alfredo Ramos Acosta, Causa R, 29.4.97).

“…es totalmente falso que los trabajadores han aceptado tranquilamente la modificación del régimen de prestaciones.” (Diputado Alfredo Ramos Acosta, Causa R, 29.4.97).

“…Acá tenemos un movimiento sindical sin autonomía; dominado desde las cúpulas de los partidos políticos; subordinado mediante subsidios a la estructura del Estado; y si se quiere, con grandes complejos cuando se trata de discutir con la representación de los empresarios.” (Diputado Atilio Hernández, Causa R, 29.4.97).

La triste suerte de un Congreso inútil

Eran tan evidentes las intenciones de imponer a toda costa la nueva Ley, que no pocos diputados alzaron sus voces para protestar contra el hecho de que, en este como en otros casos, las discusiones en el Congreso no pasaban de ser un procedimiento formal:

“…Quieren imponerle al Congreso de la República que sólo aquello que firmó la Tripartita es sobre lo cual debe legislar. Don Pedro Carmona[8], Presidente de Conindustria, en un artículo en el diario El Universal,aparece diciéndole a los parlamentarios: “Cuidado si se extralimitan, porque pueden generar problemas”…” (Diputado Manuel Isidro Molina, Independientes por Venezuela, 29.4.97).

“Estamos presenciando una farsa, una discusión que no lo es tal. (…) Hay oídos sordos para todo lo que no sea aprobar a como dé lugar el Proyecto de Ley (…) No hay ni siquiera la apertura necesaria para algunas modificaciones que no hayan sido cocinadas previamente en los escenarios, tanto formales como informales, donde se ha dado esta discusión” (Diputada Lelys Páez, Causa R, 21.5.97)

“Si este Congreso está aquí para levantar la mano, y aprobar lo que viene de la Tripartita ¿por qué no lo disuelven?” (Senador Lucas Matheus, Causa R, 4.6.97).

Teodoro Petkoff: orquestador del desastre

Teodoro Petkoff

“Teodoro Petkoff, el gran comunicador de este Gobierno –el gran manipulador diría yo– engaña a los trabajadores y a la CTV también; cuando Petkoff les responde a la pregunta que con su peculiar estilo ha popularizado: “¿Cómo quedo yo ahí?”, casi que felicita a los trabajadores cuando les dice, por ejemplo, que a partir del segundo año les van a pagar 60 días de antigüedad por cada año…” (Diputada Lelys Páez, Causa R, 29.4.97).

“Lo más lamentable es que cuando se entrevistaron los ministros Luis Raúl Matos Azócar y Teodoro Petkoff con la Comisión, se les requirió la información sobre la fuente de pago de esas prestaciones sociales y se nos dijo que la fuente estaba en que se hacía el reconocimiento de la obligación por parte del Estado, y, en segundo lugar, que de no haber dinero se iría al refinanciamiento y si no lo había se le pagaba al trabajador con bonos de la Deuda Pública.” (Diputado Atilio Hernández, Causa R, 29.4.97).

“¡No es verdad lo que dijo el ministro Teodoro Petkoff! … Sí se le está robando la antigüedad al trabajador; se le quiere echar por tierra todos los años acumulados.”(Diputado Manuel Isidro Molina, Independientes por Venezuela, 29.4.97).

“Cuando hubo la nacionalización, acompañé a Teodoro Petkoff en la Ferrominera a sacarle los porcentajes que le correspondían a los trabajadores, y allí tuvimos una batalla importante por la defensa del comisariato y el derecho de las viviendas de los trabajadores. Hoy vemos al “Catire” Petkoff entregado, sin ningún rubor.” (Diputado Jorge Reyes, Causa R, 29.4.97).

Un pueblo manipulado

“A este Gobierno y al presidente Rafael Caldera hay que felicitarlos, así como a la bancada de Convergencia, porque lograron vender lo que han hecho hasta ahora, una ilusión, una mentira, argumentar sobre un régimen de prestaciones, crear de tal manera una referencia contraria al régimen de prestaciones actual, que mucha gente cree lo pernicioso que es el régimen por sí sólo.” (Diputado Carlos Melo, Causa R, 29.4.97).

“El marco que precedió la discusión de esta Ley en el Congreso de la República, está constituido por una campaña muy costosa, muy grande, que se hizo en toda Venezuela, para hacerle ver a todos los venezolanos… que la suerte del país dependía de la modificación del régimen de prestaciones sociales y que una vez modificado dicho régimen, una vez modificada o eliminada la retroactividad de las prestaciones sociales, en Venezuela se iba a vivir una especie de paraíso prometido” (Senador Lucas Matheus, Causa R, 4.6.97).

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Libro

Tríptico


[1] El Proyecto de Reforma comprendía la modificación de nueve artículos, la derogación de uno y la introducción de cinco. Ninguno de ellos favorecía a los trabajadores en la práctica.

[2] Que una Ley tenga carácter orgánico supone que ninguna reforma puede contradecir sus lineamientos fundamentales. Así lo consignaba el artículo 163 de la constitución vigente entonces al aclarar que “las leyes que se dicten en materias reguladas por leyes orgánicas se someterán a las normas de éstas”. Y era precisamente uno de los artículos de la ley de 1990 el que era En flagrantemente violado con la reforma. Se trataba del artículo 3, el cual establecía que “En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores”.

[3] En lo adelante, detrás del nombre de cada diputado aparecerá el Partido al que pertenecía en el momento de producirse los debates.

[4] Dirigente de la CTV

[5] Actualmente, aunque se dice defensor de posiciones de centro, cada vez evoluciona más hacia una alianza con los intereses opositores.

[6] Después formará parte de la estructura cupular de la CTV. Hoy activista opositor, en contra de los intereses de los trabajadores defendidos por el Gobierno Bolivariano.

[7] Diputado hoy de COPEI, calificado por sus críticos como “Engañador de Oficio”, a favor de los peores intereses opositores.

[8] Luego tristemente célebre por encabezar el gobierno golpista contra el Presidente Chávez, impuesto durante 48 años en el poder.

Fuente:

http://www.psuv.org.ve/gerrilla-mediatica/como-legislaba-iv/ley-trabajo/

Ley de Privatización (1992)

CÓMO SE LEGISLABA EN LA IV

Introducción

Carlos Andrés Pérez

Cuando en 1989 asume su segundo mandato presidencial Carlos Andrés Pérez, Venezuela se encontraba en una de las crisis económicas más profundas de los últimos años. En un intento desesperado de “salvataje económico”, el nuevo Presidente pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un multimillonario rescate, que en la práctica implicaría la aplicación de clásicas recetas neoliberales: privatización de las empresas estatales, liberación de las tasas de interés y de los precios, alza de las tarifas de los servicios públicos, eliminación de los aranceles de importación…

El Caracazo

El Caracazo, fuertes protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, comenzó el día 27 de febrero y terminó el día 28 de febrero de 1989

El “Paquetazo”, cuya reacción inicial cristalizaría en el Caracazo del 27 de febrero, tendría implicaciones todavía más profundas. Su programa fundamental, la privatización de empresas, significaría la entrega a los monopolios extranjeros de sectores clave, sin que la referida política se revirtiera en un mayor crecimiento económico, reducción del desempleo o mejora de la calidad de vida de los venezolanos.

La Ley de Privatización, sancionada en 1992 por el Congreso de la República, vendría a ofrecer un marco legal para la oleada de privatizaciones que abarcó bancos, la CANTV, las compañías aéreas VIASA y AEROPOSTAL, así como las eléctricas ENELVEN y ENELBAR [1], entre otras.

Los puntos críticos de la ley se concentraban en dos artículos: el 1, cuya discusión giraba en torno a si excluir o no de las privatizaciones a las llamadas empresas básicas y estratégicas, y el 16, que pretendía consagrar buena parte de los recursos provenientes de la privatización al pago de la deuda externa.

En el fondo del debate lo que estaba era la defensa o el rechazo a las tradicionales funciones del Estado como aparato regulador de la economía. Mientras los llamados peyorativamente “estatistas” abogaban por esa tesis, los “privatizadores” apostaban al mercado y al capital transnacional como salvadores económicos.

Los “estatistas” tendrían la razón a la larga.Como se sabe, la década de los 90 terminaría con un alza exponencial de la inflación, una sensible concentración de las empresas en manos de monopolios y el aumento de las desigualdades sociales.

Venezolana Internacional de Aviación, Sociedad Anónima

Nada más y nada menos que El Nacional, en un artículo publicado el 7 de junio de 1992, reconocía que la privatización había abierto el camino para la devaluación de las empresas y para la corrupción administrativa. Según el periódico, las acciones del Banco Occidental de Descuento, de varios centrales azucareros y de VIASA habían sido vendidas a “precios de gallina flaca”. En CANTV, los ingresos obtenidos por la privatización habían servido solo para pagar la deuda externa de la compañía, mientras el Estado y los usuarios pagaban altas tarifas por inversiones y modernización. “Más ha sido la publicidad y el cacareo de los privatizadores de oficio que los hechos concretos”, concluía el diario.

Veamos algunas de las opiniones de los diputados y senadores de entonces a propósito de esta Ley. Como cabía esperar, la propuesta de excluir a las empresas básicas y estratégicas de las privatizaciones no fue incluida en el texto final, allanando el camino para la entrega, a fines de la década, de la industria petrolera a manos trasnacionales.

¿Empresas básicas o estratégicas?

Mejor no hablamos de eso

“Abrir el debate sobre lo que es estratégico y básico, abrir el debate sobre hasta dónde interviene el Estado cuando está en marcha un proceso de privatización, es muy probable que concluyamos el debate (…) cuando lo que ya es estratégico y básico esté privatizado y no tengamos un marco para reglamentar el proceso en su parte operacional.” (Diputado Luis R. Matos Azócar, de Acción Democrática, Presidente de la Comisión de Privatización, sesión de la Cámara de Diputados del 29.11.91)

“…Esta no es una Ley teórica para definir conceptos que tienen 30 años vencidos en la Constitución de la República (… ) la Ley de Privatización debe ser una Ley marco, una Ley procedimental, una Ley que debe regular el proceso de privatización, pero en ningún caso debe ser una Ley obstaculizadora, y mucho menos restrictiva, porque a mi juicio el proceso natural de privatización lo debe conducir el Ejecutivo Nacional y no es injerencia directa -salvo la fiscalizadora- del Congreso de la República” (Diputado Isilio Arriaga, de COPEI, en la sesión de la Cámara del 29.11.91)

“En una ley marco, en una ley cuadro, en una ley general no podemos estar incluyendo casuismos, especificaciones que serían objeto de tratamiento particular en cada caso de privatización que se plantee” (Diputado Henry Ramos Allup, de Acción Democrática, en la sesión de la Cámara del 5.12.91).

Diputado Henry Ramos Allup, de Acción Democrática

“No nos apretemos el cinturón poniendo ahí ciertos adjetivos, ciertas frases que no nos permitan privatizar cuando haya estricta necesidad de hacerlo y que nos obliguen a seguir cargando a cuestas con una serie de rémoras y de inconvenientes que, por cierto, no fue el Estado venezolano quien las inventó” (Diputado Henry Ramos Allup, de Acción Democrática, sesión de la Cámara de Diputados del 5.12.91).

La Posición de los “estatistas”

“Cuando se trata de redefinir el papel del Estado, no es eliminarle las funciones porque tendríamos que modificar la Constitución. Se trata de ver hasta dónde es regulador, hasta dónde es planificador, hasta dónde es prestador de servicios y eso es un problema de fondo, es un problema conceptual. Desmontar al Estado para que no regule, para que no fomente, para que no sea empresario es violar y patear la Constitución de la República.” (Diputado Aristóbulo Istúriz, de la Causa R, en la sesión de la Cámara de Diputados del 5.12.91).

Aristóbulo Istúriz

“Esta definición de la privatización tiene que ver con la concepción que tengamos del desarrollo, que tengamos sobre el papel del Estado en la Economía, sobre el modelo económico que está aplicando el Gobierno (…) Creemos que la Carta de Intención, que el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que el paquete de medidas económicas es una salida equivocada para la búsqueda de ese propósito de llevarnos de un país rentista a un país productivo.” (Diputado Aristóbulo Istúriz, de la Causa R, en la sesión de la Cámara de Diputados, 5.12.91).

“… para nosotros está claro que este modelo neoliberal que se está instrumentando en nuestro país según el cual el Estado sólo será un gendarme, sólo será un vigilante del proceso económico dejando en manos del sector privado responsabilidades fundamentales, es un modelo que va a conducir a un proceso de involución desde el punto de vista social, porque evidentemente ya lo estamos viendo, lejos de democratizarse el capital a lo que está conduciendo es a la concentración y a la monopolización del capital en detrimento de las grandes mayorías nacionales.”(Diputado Gustavo Márquez, del MAS, sesión de la Cámara de Diputados del 5.12.91).

“Asistimos a un triste y doloroso debate: a la legalización de la ejecución de la hipoteca de la República” (Diputado Álvaro Silva Calderón, del Movimiento Electoral del Pueblo. 5.12.91).

“…esta Ley (…) no es otra cosa que un cheque en blanco para que el Gobierno liquide en forma definitiva los activos fundamentales de la República sin que medie discusión alguna ni consulta al órgano fundamental del poder nacional, que es el Congreso de la República.” (Diputado Álvaro Silva Calderón, del Movimiento Electoral del Pueblo[2], sesión de la Cámara de Diputados del 5.12.91)

“En Venezuela venimos presenciando una escalada en materia de privatización, consecuente con el ventarrón de la moda privatizadora que hay en el mundo (…) Entendemos que el Congreso se siente también avasallado por ese ventarrón privatizador en que el Ejecutivo Nacional se ha montado y no se siente con fuerzas para refrenarlo”.(Diputado Álvaro Silva Calderón, del Movimiento Electoral del Pueblo, sesión de la Cámara de Diputados del 5.12.91).

“Pensamos que en lugar de desmantelar al Estado, de quejarse de una presencia del Estado, la Nación de lo que se queja es de la ausencia del Estado. En la calle, ante la inseguridad, la gente clama por la presencia del Estado; ante el atropello de los sectores financieros frente a los créditos, se clama por la presencia del Estado; en nuestras fronteras se clama por la presencia del Estado. De manera que no va a ser -y de allí vendrá tal vez una gran decepción nacional- por una vía de privatización total como vamos a corregir los males de la República”. (Diputado Álvaro Silva Calderón, del Movimiento Electoral del Pueblo, sesión de la Cámara de Diputados del 5.12.91).

“Más que privatización lo que está ocurriendo en Venezuela- y lo que va a ocurrir de en adelante, incluso bajo el amparo legal, bajo el marco legal que le da esta Ley-es un creciente proceso de desnacionalización de actividades básicas fundamentales para el país, Activos y actividades que serían la única y precisa garantía para que Venezuela pueda en el futuro enrumbar, corregir las limitaciones y distorsiones que hasta ahora han venido ocurriendo, en un verdadero proceso de desarrollo autosostenido, soberano e independiente.”(Ricardo Gutiérrez, del Partido Comunista de Venezuela, sesión de la Cámara de Diputados del 12.12.91).

El Estado moribundo

y el mercado mágico

“Hemos mantenido el concepto y el criterio de que una vez que se ha iniciado un proceso de privatización el Estado debe abstenerse de continuar participando en él por la vía directa o la vía indirecta (…) Si intentamos hacerlo de esa manera corremos el riesgo de revertir el proceso de privatización y eso es precisamente lo que no queremos que pase.” (Diputado Isilio Arriaga, de COPEI, en la sesión de la Cámara de Diputados del 29.11.91).

“…una empresa rentable en poder del Estado no necesariamente tiene que quedar en poder del Estado, a lo mejor esa función la cumple una empresa privada con mucha más eficiencia y con mucha más rentabilidad y sin una cantidad de tergiversaciones.” (Diputado Bernardo Horande, de Nueva Generación Democrática, en la sesión de la Cámara de Diputados del 5.12.91)

“…Siento (…) que esta Ley debe ser promotora de la privatización, evidentemente que, de los recursos provenientes de la privatización tenemos que buscar fondos para promover nuevos procesos de reestructuración y privatización.” (Diputado Isilio Arriaga, de COPEI, en la sesión de la Cámara de Diputados del 29.11.91).


Cautela vs tolerancia:

El verdadero blanco es PDVSA

“No es la hora de la tolerancia, es la hora de la preocupación y del dolor frente a la hipoteca nacional. Podemos todavía dar algunos pasos. No nos entreguemos…” (Diputado Álvaro Silva Calderón, del Movimiento Electoral del Pueblo, en la sesión de la Cámara del 5.12.91).

“Este Proyecto de Ley debe ser una ley cautelar del Patrimonio Público y no una ley tolerante. (…) se ha lanzado una onda publicitaria intentando llegar hasta el sector petrolero y sin ningún recato se ha propuesto, simple y llanamente, que se privatice Petróleos de Venezuela (PDVSA). Por el contrario, pensamos que el Artículo 97 es una sabia disposición constitucional, mediante la cual se han dado pasos importantes para rescatar la riqueza nacional y hemos propuesto en la Comisión Bicameral de Enmienda Constitucional que a la nacionalización petrolera se le dé rango constitucional para que se proteja de una vez y por siempre el manejo del recurso básico petrolero por parte del Estado.” (Diputado Álvaro Silva Calderón, del Movimiento Electoral del Pueblo, en la sesión de la Cámara del 5.12.91).

“Si aprobáramos esta Ley (…) sin eliminar la Ley de Enajenación de Bienes [3], perfecto, (…) pero el artículo 22 de esta Ley es derogar la Ley de Enajenación de Bienes y cuando la deroga está dejando la puerta abierta para que el Estado pierda el control de las empresas básicas y de las estratégicas y es porque en el Plan de Privatización lo que viene es PDVSA, porque no son posibles los megaproyectos sin modificar el artículo 5º de la Ley de Nacionalización [4], porque lo que vienen son las empresas básicas de Guayana (…) [ningún] otro sentido tiene la campaña iniciada por Ramos Allup, que es la privatización de esas empresas.” (Diputado Aristóbulo Istúriz, de la Causa R, en la sesión de la Cámara del 5.12.91).

“…ya vendrá un debate posteriormente el día en que el Estado pretenda abandonar las empresas básicas. El día en que el Estado pretenda abandonar el área básica de la industria petrolera este Parlamento tendrá que tomar cartas en ello, tendremos que discutir las leyes de nacionalización, tendremos que impedir tal vez las acciones del Ejecutivo y posiblemente tengamos que ir a una enmienda constitucional si se quiere romper con lo que es una grandísima e importantísima tradición de Venezuela: que el patrimonio esencial generador de la riqueza nacional desde hace mucho tiempo patrimonio colectivo, es patrimonio nacional, está altamente democratizado, aunque haya sido mal manejado por los Gobiernos, que son dos cosas bien diferentes”(Diputado Álvaro Silva Calderón, del Movimiento Electoral del Pueblo, en la sesión de la Cámara del 5.12.91).

¿Una ley progresista?!!!!!!!!!!!!!

“La Ley en materia de los trabajadores es una Ley progresista (…) Esta Ley ha cubierto las necesidades de los trabajadores” (Diputado Isilio Arriaga, de COPEI, en la sesión de la Cámara del 29.11.91)

“Quienes proponen la privatización de la industria petrolera, hablan de democratización y ya se les ha preguntado por muchos lados qué obrero, qué inversionista privado nacional, con qué ahorro nacional van a adquirir las acciones de Petróleos de Venezuela que cuestan 20 millones cada una, o será que tendremos que renunciar cada uno de los venezolanos la parte que tenemos para que se concentren en capitales que no serán otros que los capitales extranjeros, porque aquí estamos clamando y diciendo que con el ahorro nacional no podemos atender el desarrollo petrolero. De manera que no se trata de democratizar, todo lo contrario, de lo que se trata es de concentrar o de intentar concentrar los capitales pertenecientes a la Nación entera en manos de grupos económicos privados.” (Diputado Álvaro Silva Calderón, en la sesión de la Cámara del 29.11.91).

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[1] Hasta ese momento, el marco jurídico que apoyaba el proceso de privatización se encontraba disperso en la Ley Orgánica que Regulaba la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas y la Ley del Fondo de Inversiones de Venezuela. También estaba en discusión la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. En consecuencia, muchos cuestionaban que la oleada de privatizaciones hubiera tenido lugar, incluso, sin que se hubiera aprobado aún un marco legal claro.

[2] Más tarde sería Ministro de Energía y Minas

[3] Se refiere a la Ley Orgánica que Regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas.

[4] Se refiere a la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, de 1976.

Fuente:

http://www.psuv.org.ve/gerrilla-mediatica/como-legislaba-iv/ley-privatizacion/